<h1>«Los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes» (Nayib Bukele)</h1>

Nayib Bukele

En un mundo donde la inseguridad azota a naciones enteras, las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resuenan con fuerza: "Los derechos humanos de la gente honrada son más importantes que los de los delincuentes". Pronunciada recientemente en defensa de su implacable política contra las pandillas, esta frase no es solo una declaración política, sino un desafío ético y filosófico a la concepción tradicional de los derechos humanos. En un país que pasó de ser el más violento del hemisferio occidental a un oasis de paz relativa en pocos años, Bukele argumenta que la protección de la mayoría inocente justifica medidas drásticas contra una minoría criminal. Pero, ¿es esta priorización moralmente sostenible?

El contexto es clave. Desde 2019, Bukele ha implementado un régimen de excepción que ha encarcelado a más de 80.000 presuntos pandilleros, desmantelando estructuras como la MS-13 y Barrio 18. El resultado: una caída vertiginosa en las tasas de homicidio, de 38 por cada 100.000 habitantes en 2019 a menos de 2 en 2024. 

Familias salvadoreñas, antes aterrorizadas por extorsiones y masacres, ahora caminan libremente por calles que parecían condenadas al caos. Para muchos, la frase de Bukele no es cinismo, sino justicia restaurativa. ¿Por qué, se preguntan, deben los derechos de un asesino —que ha segado vidas y destrozado comunidades— equipararse a los de una madre que solo busca educar a sus hijos en paz? En esta visión, los derechos humanos no son un escudo para la impunidad, sino un pacto social que prioriza al colectivo sobre el individuo depredador.

La popularidad de Bukele —con más del 80% de aprobación— revela un anhelo global. En América Latina, donde el crimen organizado devora presupuestos y esperanzas, líderes como Javier Milei en Argentina o incluso figuras en México tienen ecos similares. La filosofía utilitaria, defendida por pensadores como John Stuart Mill, respalda esta idea: el mayor bien para el mayor número. Si salvar miles de vidas requiere sacrificar comodidades de unos pocos convictos, ¿no es un cálculo ético inevitable?

En América Latina, asfixiada por el narco, esta fórmula salva vidas. No es autoritarismo: es coraje. Proteger al honrado no deshumaniza al delincuente; lo somete a la ley que él mismo pisoteó. El Salvador prueba que la seguridad no es utopía, sino decisión. ¿Hasta cuándo toleraremos que el miedo dicte nuestro destino? Sigamos el ejemplo de Bukele: prioricemos la vida real, no la teoría abstracta. La paz no necesita excusas.