<h1>El trágico suicidio de Sandra Peña Villar: cuando los centros no toman medidas contra el acoso escolar</h1>

Sandra Peña Villar

El trágico suicidio de Sandra Peña Villar, una niña de 14 años en Sevilla, ha sacudido la conciencia colectiva de España. El pasado 14 de octubre de 2025, alrededor de las 15:00 horas, Sandra se precipitó desde la azotea de su bloque, a escasos metros del colegio concertado Irlandesas de Loreto, donde estudiaba. 

La Policía Nacional investiga el caso como suicidio, pero el trasfondo revela un acoso escolar que la adolescente sufría desde hacía meses. Insultos constantes sobre su físico, liderados por un grupo de compañeras, habían llevado a Sandra a un intento previo de quitarse la vida. 

Su madre, desesperada, denunció el bullying ante el centro, activando supuestamente el protocolo de la Junta de Andalucía para casos de acoso. Sin embargo, la Inspección Educativa ha constatado que el colegio no implementó ni el protocolo antiacoso ni el de prevención de conductas autolíticas, pese a los indicios claros.

Un síntoma de una lacra sistémica

Este fracaso no es aislado, sino un síntoma de una lacra sistémica. En España, el 6,5% del alumnado sufre acoso escolar con frecuencia, según el último informe PISA de la OCDE (2024), mientras que el 15,8% lo experimenta de forma ocasional. El VII Informe de Acoso Escolar de la Fundación Mutua Madrileña (2025) alerta de que los casos de bullying presencial y ciberacoso se han duplicado al 3,6% en el curso 2024-2025, con un 28,2% de situaciones que duran más de un año. 

En Andalucía, donde residía Sandra, la normativa obliga a los centros a actuar de inmediato: identificar víctimas y agresores, ofrecer apoyo psicológico y notificar a las autoridades. Pero cuando los protocolos fallan, como en Irlandesas de Loreto, el silencio institucional agrava el daño. El colegio emitió un comunicado expresando "consternación" y enfocándose en el apoyo emocional, sin aludir al acoso ni asumir responsabilidad. La Junta de Andalucía, ante esta omisión, derivará el caso a la Fiscalía para investigar posibles responsabilidades penales y abrirá un expediente administrativo al centro.

El bullying, un veneno lento

La inacción escolar convierte el bullying en un veneno lento. Las víctimas, como Sandra, se aíslan, pierden la autoestima y ven el colegio como una trampa inescapable. Padres clamando auxilio se topan con burocracia o negacionismo: "No es para tanto", responden algunos directivos, minimizando insultos que escalan a agresiones verbales, físicas o digitales. En 2025, la inteligencia artificial complica el panorama, con un 14% de ciberbullying involucrando fotos manipuladas. Centros que ignoran señales —ausencias injustificadas, bajones emocionales— perpetúan un ciclo de impunidad. La educación emocional, la formación docente y la vigilancia activa son clave, pero sin compromiso real, los protocolos son papel mojado.

Este caso expone la urgencia de una reforma: auditorías obligatorias, sanciones disuasorias y campañas que empoderen a los alumnos. Sandra no es una estadística; es un recordatorio de que el acoso no es un "juego de niños", sino un delito que, sin intervención, cuesta vidas.

El suicidio de Sandra Peña Villar no debe ser otro capítulo olvidado en la crónica del bullying. Cuando los centros educativos fallan en activar medidas, traicionan su misión protectora y condenan a los más vulnerables. Es imperativo que la sociedad, desde familias hasta instituciones, exija rendición de cuentas: protocolos rigurosos, apoyo psicológico accesible y una cultura de respeto inquebrantable. Solo así honraremos a Sandra, transformando su dolor en un legado de cambio.