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La tragedia que ha conmocionado a la ciudad de Sevilla ha tomado un giro judicial. La familia de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que se suicidó el martes pasado desde la azotea de su edificio residencial, a escasos metros de su colegio, ha anunciado que emprenderá "todas las medidas legales necesarias" contra el centro educativo Irlandesas Loreto. Los padres de la joven, que estudiaba en este prestigioso colegio concertado, acusan al centro de no haber actuado pese a las denuncias repetidas de acoso escolar que presentaron en los últimos meses.
Sandra, descrita por sus allegados como una niña "alegre, siempre con una sonrisa y un abrazo", apasionada por el fútbol y seguidora del Real Betis, comenzó a sufrir un acoso sistemático por parte de tres compañeras hace aproximadamente un año. La situación se agravó durante el verano, cuando la menor empezó a mostrar signos de autolesiones y a requerir terapia psicológica privada desde julio.
La familia, alertada por los relatos de su hija en casa, acudió al servicio de orientación del colegio en dos ocasiones clave. La primera, a finales del segundo trimestre del curso pasado, cuando la madre relató el sufrimiento de Sandra, pero no se tomó ninguna medida ni se ofreció ayuda emocional. La segunda denuncia llegó en septiembre, justo antes del inicio del nuevo curso.
En esa reunión con la orientadora, la madre presentó un informe detallado de una psicóloga privada que evidenciaba el impacto psicológico en la menor y exigió la separación inmediata de Sandra de las acosadoras.
El colegio no activó los protocolos obligatorios de acoso escolar
Pese a estas alertas, el colegio no activó los protocolos obligatorios de acoso escolar ni de conductas autolíticas establecidos por la normativa andaluza. Solo a petición expresa de la familia se implementaron medidas paliativas, como el cambio de aula para Sandra y una mayor vigilancia en recreos y pasillos. Sin embargo, el acoso continuó, ya que las implicadas coincidían con ella en el patio y algunas clases compartidas. "Nadie ha hecho nada por evitarlo", ha denunciado Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz familiar, en una entrevista con Cadena SER, donde ha criticado la falta de contacto de la dirección del centro con la familia tras la tragedia. Villar ha recordado que la separación de clases "no fue una iniciativa del colegio; mi hermana lo exigió".
La indignación ha desbordado las calles de Sevilla
Este viernes, varios centenares de personas —familiares de alumnos, vecinos, el hermano y el abuelo de Sandra— se concentraron en una plaza cercana a la vivienda de la joven para rendirle homenaje. Alrededor de un altar improvisado con flores y velas, los asistentes clamaron justicia y denunciaron que no se trata de un caso aislado: varios padres han relatado episodios previos de acoso en el centro, atribuidos a una "competitividad tóxica" fomentada en el ambiente escolar. La fachada del Irlandesas Loreto amaneció con pintadas como "asesinos", "cómplices" y "justicia para Sandra", reflejo del enfado colectivo.
La respuesta institucional no se ha hecho esperar
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, dirigida por Carmen Castillo, realizó una inspección el miércoles que confirmó las denuncias previas y la inacción en los protocolos. Castillo ha trasladado el expediente completo a la Fiscalía para investigar posibles responsabilidades penales, tanto del centro como de las menores implicadas —mayores de 14 años, por lo que podrían ser imputables—.
La consejera ha enfatizado que "los protocolos son buenos, pero deben cumplirse", y ha alertado sobre el rol de las redes sociales en estos casos, que a menudo trascienden el horario escolar. Además, ha recordado líneas de ayuda como el 024 para ideación suicida y el 112 para emergencias.
Este viernes, la familia se reunió con abogados para evaluar una denuncia penal. Aunque aún procesan el duelo —la madre acudió a la concentración con la camiseta del equipo de fútbol de Sandra, visiblemente emocionada—, su determinación es clara: buscan no solo justicia, sino que el caso sirva de precedente para erradicar el bullying en las aulas.
El suicidio de Sandra Peña no es solo una pérdida irreparable, sino un grito de alarma sobre las fallas sistémicas en la prevención del acoso escolar. La inacción del Colegio Irlandesas Loreto, pese a protocolos claros, evidencia la necesidad de una aplicación más rigurosa y proactiva de las normativas.
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