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| Hadja Lahbib |
Esto implica que los menores, incluso de edades tempranas, podrían modificar su identidad de género en documentos oficiales sin evaluaciones médicas obligatorias ni consentimiento parental explícito, promoviendo un modelo de autoidentificación sin barreras.
El documento oficial, titulado "Unión de Igualdad", enfatiza la facilitación de "intercambios de mejores prácticas" entre Estados miembros para implementar estos cambios. Actualmente, solo nueve de los 27 países de la UE permiten la autoidentificación sin requisitos médicos, mientras que otros exigen terapias psicológicas o intervenciones.
La Comisión argumenta que los modelos restrictivos pueden vulnerar derechos humanos, citando fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, la estrategia aboga por prohibir prácticas de conversión y mutilaciones genitales intersexuales, y por entornos educativos inclusivos que protejan a la juventud LGBTIQ+ de bullying y discriminación.
Las implicaciones son profundas. Esta iniciativa podría homogeneizar las legislaciones nacionales, presionando a países como Hungría o Polonia, donde los derechos trans son limitados, a alinearse con la agenda europea.
Críticos advierten de que la falta de controles podría exponer a menores vulnerables a decisiones irreversibles, y señalan una posible condicionalidad de fondos comunitarios para los Estados "discriminatorios". Organizaciones feministas como Sex Matters y el Foro Athena denuncian que esta "ingeniería social" borra derechos de las mujeres y silencia voces críticas, calificándola de "escalofriante".
Por el contrario, entidades como IGLYO, la red internacional de juventud LGBTIQ+, celebran la estrategia como un "hito" que empodera a niños y jóvenes trans e intersexuales. Exigen fondos dedicados y formación para educadores, enfatizando la necesidad de datos éticos sobre menores y participación en foros como la Plataforma de Participación Infantil de la UE. La Comisión, a través de la comisaria Hadja Lahbib, la presenta como un faro de esperanza contra el retroceso en derechos.
Esta propuesta refleja el equilibrio precario entre libertad individual y protección infantil en la UE. Mientras se abre una consulta pública para su implementación, el debate se intensifica: ¿avance en igualdad o riesgo para la infancia?
La ratificación por Estados miembros definirá si Bruselas impone o persuade. En un contexto de auge de discursos anti-LGBTIQ, la estrategia busca resiliencia democrática, pero exige diálogo inclusivo para evitar polarizaciones.
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