<h1>Cuando los delincuentes se adueñan del poder y destruyen un país. Segunda parte.</h1>

"Tenemos derechos humanos", dicen, ¿y deberes humanos?

"Barbecue", el jefe de las pandillas de Haití. 

El fenómeno en el que delincuentes, ya sea a través de pandillas organizadas, carteles o regímenes corruptos con nexos criminales, se apoderan del poder y desmantelan las instituciones de un país es una de las formas más graves de colapso estatal. Esto genera violencia extrema, colapso económico, desplazamientos masivos y hambrunas, dejando a millones en la miseria. 

A continuación, detallo algunos ejemplos actuales (2025), basados en reportes de organizaciones internacionales y análisis independientes, enfocándome en casos donde el control criminal es evidente y destructivo.

Haití: El dominio de las pandillas como un "gobierno paralelo"

En Haití, las pandillas han asumido el control de amplias zonas del país, especialmente en Puerto Príncipe y sus alrededores, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Alianzas como Viv Ansanm, con unos 12.000 miembros armados, han paralizado el transporte, sitiado barrios y causado más de 5.300 muertes en 2024, desplazando a 700.000 personas y dejando a casi la mitad de la población en inseguridad alimentaria aguda. 

Estas bandas no solo cometen extorsiones y secuestros, sino que transmiten sus atrocidades en redes sociales para intimidar, controlando vías clave y expandiéndose a departamentos centrales con signos de "gobernanza criminal". La corrupción en el gobierno de transición y la falta de elecciones desde 2016 han debilitado cualquier respuesta estatal, pese a una misión de seguridad keniana con solo 400 efectivos (lejos de los 2.500 planeados). Haití representa el borde de una guerra civil, con las pandillas actuando como un poder de facto que destruye la economía y la sociedad.

Venezuela: Un "estado gánster" bajo Maduro

Venezuela es un caso paradigmático de un régimen donde el poder ejecutivo se ha fusionado con redes criminales, convirtiéndolo en una "empresa criminal con poder estatal". Bajo Nicolás Maduro, descrito como un "jefe de mafia" en lugar de presidente, el gobierno ha facilitado el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción masiva, lo que ha devastado la economía: hiperinflación crónica, escasez de alimentos y medicinas, y una emigración de más de 7 millones de personas. 

En 2025, tensiones con EE.UU. han escalado a golpes militares contra embarcaciones vinculadas a "narcoterroristas" venezolanos, destacando nexos con grupos criminales que exportan fentanilo y cocaína. 

El régimen usa "colectivos" armados para reprimir protestas, y la Corte Penal Internacional investiga crímenes contra la humanidad. La opacidad en datos de crimen y economía oculta la magnitud, pero el colapso ha reducido el PIB en más del 75% desde 2013, dejando al país en ruinas.

Nicaragua: La dictadura de Ortega como persecución criminal institucionalizada

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado el Estado en un aparato represivo que comete abusos sistemáticos clasificados como crímenes contra la humanidad por expertos de la ONU. Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos en una masacre paramilitar, el gobierno ha exiliado o encarcelado a opositores, periodistas y líderes religiosos, con al menos 75 presos políticos en junio de 2025. 

Reformas al código penal permiten confiscaciones arbitrarias y han institucionalizado grupos paramilitares responsables de muertes, eliminando garantías de derechos humanos básicos y creando un clima de terror. 

La independencia judicial ha sido destruida mediante directivas policiales que controlan arrestos y embargos por "delitos financieros". Esto ha erosionado la economía, con expropiaciones masivas y un éxodo de 800.000 personas, convirtiendo a Nicaragua en un estado fallido donde el poder criminal reprime cualquier disidencia.

México: Carteles como señores feudales territoriales

En México, los carteles de la droga han fragmentado el territorio nacional, controlando regiones enteras mediante violencia y corrupción, en lo que se asemeja a una "guerra peor que algunos conflictos mundiales". 

Desde 2006, han causado cerca de 500.000 homicidios y 100.000 desapariciones, impulsados por el tráfico de fentanilo (responsable de 80.000 muertes anuales en EE.UU.), extorsión y producción de opioides. 

Acuerdos informales con autoridades locales han reducido ligeramente los homicidios, pero los carteles mantienen enclaves fuertes, armados con fusiles de EE.UU., y desafían al gobierno de Claudia Sheinbaum con amenazas de inestabilidad regional. 

La "guerra contra el narco" ha fallado en desmantelar estas redes, que ahora diversifican a minería ilegal y trata de personas, destruyendo comunidades y la confianza en el Estado.

Estos ejemplos ilustran cómo el ascenso de elementos criminales al poder no solo perpetúa la violencia, sino que desintegra las bases de la sociedad: economía, justicia y cohesión social. En contraste, casos como El Salvador muestran que intervenciones drásticas contra pandillas pueden revertir el control, aunque con costos en derechos humanos. La solución radica en fortalecer instituciones independientes y cooperación internacional, pero el pronóstico para estos países en 2025 sigue sombrío sin cambios profundos.

El Salvador: Panorama actual (Octubre 2025)

El Salvador, un país centroamericano de aproximadamente 21.000 km² y 6,5 millones de habitantes, ha experimentado transformaciones profundas en los últimos años bajo el gobierno de Nayib Bukele. 

Aunque históricamente azotado por violencia pandillera, el enfoque en seguridad ha reducido drásticamente el crimen, pero a costa de erosiones democráticas y abusos a los derechos humanos. A continuación, detallo los aspectos clave basados en reportes recientes.

Política

- Gobierno de Nayib Bukele: Bukele, del partido Nuevas Ideas, asumió en 2019 y fue reelecto en febrero de 2024 con más del 80% de los votos para el período 2024-2029, pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata. 

En julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una enmienda constitucional que elimina límites de reelección presidencial, consolidando el poder ejecutivo y alarmando a observadores internacionales por el deterioro democrático.

- Control institucional: El partido de Bukele domina la Asamblea (54 de 60 escaños tras reformas que redujeron su tamaño en 2024). 

Seguridad y lucha contra pandillas

- Estado de Emergencia: Vigente desde marzo de 2022 (extendido 30 veces), suspende derechos constitucionales como habeas corpus. Ha resultado en más de 81.000 detenciones, incluyendo 3.000 menores, a menudo por apariencia o "cuotas" sin evidencia. La población carcelaria alcanza 108.000 (1,7% de la población total), superando la capacidad en 38.000.

- Resultados en crimen: La tasa de homicidios ha caído a niveles históricos: de 105 por 100.000 en 2015 a 1,9 en 2024, y 1,89 en 2025 (0,31 por día). 

Esto ha impulsado el turismo, superando a vecinos como Costa Rica en seguridad percibida. Extradiciones de líderes de MS-13 a EE.UU. en 2024 fortalecen la cooperación bilateral.

Economía

El Salvador muestra perspectivas positivas por la mejora en seguridad, pero persisten desafíos estructurales. La reducción del crimen ha impulsado inversión y productividad, según el FMI. Sin embargo, no ha traducido en prosperidad general; la pobreza afecta al 27% de la población (2023, leve aumento del 0,4% respecto a 2022).

En resumen, El Salvador ha logrado un "milagro de seguridad" que contrasta con el colapso en vecinos como Haití o Venezuela, pero el precio es un retroceso democrático y social. El futuro depende de equilibrar mano dura con reformas institucionales. 

Por Grok
27 de octubre de 2025