<h1>Delitos de los que se acusa a Álvaro García Ortiz</h1>

Álvaro García Ortiz

Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado designado a dedo por Pedro Sánchez en diciembre de 2022, se encuentra hoy, 4 de noviembre de 2025, en el banquillo del Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos (artículo 197 del Código Penal), una acusación que huele a maniobra política pero que, de confirmarse, revelaría un escandaloso abuso de su posición. 

Todo gira en torno a la filtración de un correo confidencial del 2 de febrero de 2024, enviado por el abogado Carlos Neira (defensor de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso) a una cuenta genérica de la Fiscalía de Madrid. 

En ese email, Neira proponía un pacto para reconocer dos fraudes fiscales de González Amador, con penas mínimas de cuatro meses por delito y multas por 140.000 euros. 

El documento también llegó a un abogado del Estado, pero su contenido saltó a los medios, destrozando la presunción de inocencia del investigado y convirtiendo un trámite judicial en un circo político.

La querella de González Amador y el PP no deja lugar a dudas: esta filtración no fue un "accidente", sino una traición deliberada que vulnera el derecho a la defensa y expone la podredumbre en la cúpula fiscal. 

Las penas solicitadas son demoledoras: 4 a 6 años de prisión e hasta 12 años de inhabilitación, lo que equivaldría a un portazo definitivo a su carrera. Es la primera vez en la historia democrática de España que un fiscal general se sienta en el Supremo mientras ejerce, un hecho que García Ortiz ha intentado minimizar con negaciones tajantes –"No fui yo", repite como un mantra–, pero que apesta a encubrimiento. 

En la segunda jornada del juicio, testigos como Miguel Ángel Rodríguez (jefe de gabinete de Ayuso) y el propio González Amador han pintado un cuadro devastador: el empresario ha clamado que esta filtración le ha "destrozado la vida", mientras García Ortiz se escuda en que la cuenta era "accesible por hasta 40 personas". ¿En serio? Eso suena a excusa barata de quien dirige una institución que debería ser intocable, no un coladero de chismes políticos.

¿Por qué no dimite? Porque Sánchez lo necesita como escudo político, a costa de la dignidad del Estado

La tozudez de García Ortiz en aferrarse al cargo, pese a la humillación pública de un juicio en curso, no es más que el reflejo de su arrogancia y de la complicidad ciega de Pedro Sánchez. 

Declara su "inocencia absoluta" como si eso bastara para borrar la sospecha de que actuó como un peón en la guerra sucia contra Ayuso y el PP, pero la realidad es que su permanencia es un insulto a la independencia judicial que juró defender. 

El Gobierno de Sánchez, ese que lo colocó en el puesto para moldear la Fiscalía a su antojo, le ha brindado un respaldo inquebrantable que roza lo obsceno: en julio de 2025, tras el procesamiento, Sánchez lo defendió como a un intocable, y en junio repitió el mantra de "confianza absoluta" ante las presiones opositoras. 

¿Por qué? Porque García Ortiz es útil: un fiscal que filtra (o permite filtrar) información sensible para golpear a rivales políticos, mientras Sánchez se lava las manos y acusa al PP de "ataque orquestado".

El juez Pablo Lucas Hurtado, instructor del caso, negó suspenderlo preventivamente –una decisión controvertida que huele a tibieza–, pero el PP no se anda con chiquitas: exige su cabeza inmediata, argumentando que su continuidad "somete a juicio la dignidad del Estado" y que Sánchez lo retiene porque "lo necesita hasta el final" para sus tejemanejes. 

Ayuso, con un prudente "respeto al tribunal", deja entrever lo evidente: esto es un montaje para desestabilizar a la oposición, con García Ortiz como verdugo y Sánchez como titiritero. 

González Amador lo ha dicho sin filtros en el Supremo: "Voy a ser condenado por un juicio oral al que me han enviado", un lamento que resuena como el eco de un sistema judicial secuestrado por el poder ejecutivo. 

En esta farsa, la no dimisión no es un acto de coraje, sino de cinismo puro: García Ortiz se agarra al cargo por vanidad, y Sánchez por supervivencia política, dejando que la Justicia española se desangre en el proceso. El veredicto, que podría caer en semanas, será el termómetro de si España aún tiene remedio o si el sanchismo ha corrompido lo irreparable.